Celaya, Gto a miércoles 19 de noviembre del 2025. (Alan Ordaz).- Los recientes ataques contra maquinaria utilizada en obras públicas de Celaya, incluidos aquellos vinculados a proyectos financiados conjuntamente por el Estado y el Municipio, llevaron a reforzar los acercamientos con el sector de la construcción y a preparar nuevas acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional.
El presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez relató que, tras el incendio de una retroexcavadora en la colonia Latinoamericana, se sostuvieron reuniones internas y posteriormente se solicitaron apoyos específicos al Gobierno del Estado para atender la situación y fortalecer la respuesta operativa.
Ramírez Sánchez explicó que se pidió la intervención del escuadrón anti-extorsión con respaldo estatal, subrayando que el municipio mantiene antecedentes de agresiones previas, incluido el asesinato de un trabajador meses atrás, hecho que obligó a modificar contrataciones y reasignar recursos para concluir la obra afectada.
El alcalde informó que parte de los ataques se relacionan con obras ejecutadas mediante el Programa General de Obra, esquema donde el Estado y el Municipio aportan recursos peso a peso, lo que motivó nuevas solicitudes de apoyo para evitar afectaciones presupuestales en caso de que alguna empresa decida retirarse.
Sobre estos hechos, el presidente señaló que las constructoras ya informaron al director de Obras y que se prevé una reunión interinstitucional en el C5, con la participación de Sedena, Guardia Nacional y el escuadrón anti-extorsión, a fin de definir las acciones inmediatas.
“Entonces vamos a tener una reunión en el C5 y se les va a dar la información para que ellos determinen qué van a hacer”.
En torno al apoyo requerido para el sector, explicó que la instrucción es fortalecer la presencia del escuadrón especializado y garantizar respaldo institucional.
“Nosotros vamos a pedirle que el escuadrón anti-extorsión intervenga más, pero ya ahora sí con el apoyo de la gobernadora, el apoyo de toda la estructura”.
El presidente recordó la gravedad del primer atentado y sus consecuencias en la ejecución de obra pública.
“Nosotros hace ya muchos meses tuvimos el problema y hasta el asesinato de un trabajador, eso nos llevó a que la empresa dejó la obra y nosotros la tuvimos que concluir”.
Para evitar impactos financieros ante eventuales retiros empresariales, se planteó al Estado una medida específica.
“Lo segundo que le pedí a la gobernadora es que si se llegan a retirar algunos constructores, ella nos permita que no nos quiten el dinero de la obra, sino que se amplíe el plazo”.
Ramírez Sánchez señaló que los ataques han ocurrido en obras financiadas de manera conjunta, lo que abre preguntas sobre la intencionalidad y a qué nivel de gobierno buscan afectar.
“A las obras que le han pegado es a las que tenemos con el PGO, el PGO es dinero del gobierno del estado y dinero de nosotros”.
El alcalde indicó que se está preparando la reunión operativa con autoridades de seguridad para trazar las decisiones inmediatas sobre estos hechos.
“El escuadrón anti-extorsiones conjuntamente con Guardia Nacional y SEDENA van a tomar las decisiones”.
Respecto al acompañamiento institucional al sector de la construcción, señaló que existe interés empresarial y disposición gubernamental para atender la problemática mediante coordinación entre los tres niveles.
“Hay todo el apoyo para que se dé solución a esto y yo creo que ellos es lo que esperan que se haga”.
El presidente afirmó que la colaboración con el Gobierno del Estado continuará y que las decisiones operativas se definirán en los próximos encuentros, destacando el compromiso conjunto para frenar los ataques recientes.
“Por lo pronto hay todo el apoyo para que se dé solución a esto”.
