Celaya, Guanajuato a viernes 27 de febrero del 2026, (Alan Ordaz) – La muerte de Gaudencia, una mujer de 63 años, tras ser atropellada por un camión de transporte de personal en el Barrio de la Resurrección, abrió una revisión sobre la operación, supervisión y coordinación institucional con empresas de traslado de trabajadores en zonas urbanas de Celaya.
El hecho ocurrió sobre la calle Felipe Ángeles, casi esquina con Jaime Nunó, donde la circulación fue interrumpida durante horas mientras se realizaban las diligencias ministeriales, el levantamiento del cuerpo y el procesamiento pericial, generando afectaciones viales en una zona habitacional de tránsito reducido.
Desde la Dirección de Tránsito y Policía Vial se confirmó que el evento correspondió a “desafortunadamente un atropellamiento de una mujer por parte de un camión de transporte de personal.” La atención inicial incluyó acordonamiento, presencia de paramédicos y activación de protocolos interinstitucionales.
El conductor del camión, perteneciente a una empresa de transporte de personal, permaneció en el sitio y fue presentado ante las autoridades competentes, en tanto se integró la carpeta de investigación para determinar la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades conforme a los procedimientos legales vigentes.
En el ámbito preventivo, la autoridad municipal expuso acciones coordinadas con el área de Movilidad para fortalecer la capacitación de operadores, señalando que “hemos estado trabajando con movilidad, impartiendo cursos a los operadores.” Estas actividades buscan reducir riesgos en la conducción urbana.
Respecto al transporte de personal, cuya regulación principal corresponde al ámbito estatal, se informó que existe comunicación directa con diversas empresas para reforzar criterios de seguridad vial, capacitación y cumplimiento documental antes de operar en calles del municipio.
En ese marco, se detalló que “hemos tenido acercamiento con algunas empresas, hemos ido a dar pláticas nada más de prevención, el manejo defensivo, el uso correcto de las vialidades y que deben de traer toda su documentación.” Estas acciones se realizan de forma continua.
Sobre la empresa involucrada en el atropellamiento, se indicó que “esa empresa, la que tuvo el accidente lamentable, ya había tenido acercamiento y se les dio una plática.” La coordinación previa formó parte de los esfuerzos preventivos realizados antes del incidente.
Durante el desarrollo de los hechos, se precisó la actuación del operador, señalando que “el operador nunca se fue, el operador ahí se estuvo, se puso a disposición de fiscalía.” La permanencia permitió continuar con el procedimiento establecido.
Asimismo, se añadió que el proceso se realizó “siguiendo todos los protocolos y el operador en ningún momento intentó huir o darse a la fuga, ahí estuvo.” La situación fue canalizada conforme a los lineamientos institucionales.
En cuanto a las rutas utilizadas por las empresas de transporte de personal, se aclaró que la autorización no depende directamente de Tránsito, ya que “No, no nos piden, es con movilidad, movilidad les da las vialidades.” Esta definición corresponde a otra instancia municipal.
No obstante, se trabaja de manera conjunta para mejorar la planeación de recorridos y puntos de ascenso y descenso, dado el impacto que estos vehículos generan en calles residenciales y zonas con infraestructura vial limitada.
Sobre este proceso, se expuso que “estamos haciendo una estrategia para hacer algunas rutas, sugerirles incluso paradas previas y establecidas de acuerdo a las necesidades de cada empresa.” La medida busca ordenar el tránsito y reducir riesgos.
En relación con la determinación de responsabilidades, la Dirección de Tránsito explicó el alcance de su intervención técnica, destacando que “únicamente levantamos el parte de accidente, se pone a disposición y fiscalía hace la investigación.” El análisis corresponde al Ministerio Público.
Dentro de ese parte, se enfatizó que “no ponemos es culpable el peatón, no ponemos es culpable el vehículo,” limitándose a registrar datos, referencias y testimonios disponibles para su integración a la investigación ministerial.
El caso evidenció la complejidad de la operación del transporte de personal en zonas habitacionales, así como la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, la planeación de rutas y las recomendaciones de seguridad dirigidas tanto a empresas como a la ciudadanía.
