Tras un extenso proceso judicial, una jueza federal en Los Ángeles impuso una sanción de 1.5 millones de dólares al cantante, quien evitó la cárcel tras testificar contra su ex mánager
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La justicia de Estados Unidos ha dictado una sentencia definitiva contra el cantante del regional mexicano Gerardo Ortiz. Una jueza federal en la ciudad de Los Ángeles impuso al artista una multa de 1.5 millones de dólares (aproximadamente 26 millones de pesos mexicanos), luego de que el creador de “Fuiste Mía” se declarara culpable de realizar transacciones financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes recientes de cadenas como Univision.
El fallo, emitido por la magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong, establece un plazo estricto de 14 días para que el intérprete cubra el monto total de la sanción. Esta decisión se tomó tras desestimar los argumentos de la defensa de Ortiz, que buscaba reducir la cifra a 200 mil dólares alegando dificultades económicas y complicaciones en su estatus migratorio.
Además del pago millonario, Gerardo Ortiz deberá cumplir con tres años de libertad supervisada. Durante este periodo, el cantante estará bajo la vigilancia de un oficial asignado por la corte y tiene prohibido estrictamente el consumo de cualquier sustancia ilícita. A pesar de estas restricciones, el tribunal no le prohibió abandonar los Estados Unidos, permitiéndole continuar con sus compromisos laborales internacionales, lo cual es un respiro para el cantante que debe cubrir la millonaria cantidad.
Al salir de la audiencia final esta semana, Ortiz rompió el silencio ante los medios de comunicación presentes. Con una actitud visiblemente tranquila, el cantante declaró: “No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante con los proyectos y con la música, que es lo más importante”. Respecto a las cláusulas de sobriedad impuestas, el artista enfatizó que cualquier consumo previo fue “momentáneo” y aseguró que nunca ha tenido una dependencia a las drogas.
El origen de este escándalo legal se remonta a la detención en junio de 2022 de Ángel del Villar, CEO de Del Records y ex mánager de Ortiz. Del Villar fue acusado por el FBI de violar la Ley Kingpin, la cual prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con entidades o personas designadas como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro.
La investigación reveló que Del Villar y su socio Luca Scalisi organizaron conciertos para Gerardo Ortiz en México, específicamente en ferias como la de Aguascalientes, bajo la promoción de Jesús Pérez Alvear, conocido también como Chucho Pérez. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Pérez Alvear actuaba como operador financiero del CJNG y del grupo de Los Cuinis, utilizando los eventos masivos para el lavado de dinero.
Un punto de inflexión en el caso fue la decisión de Gerardo Ortiz de colaborar con las autoridades. El cantante se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía, testificando directamente en contra de Ángel del Villar. Esta cooperación fue fundamental para que el productor musical fuera sentenciado en agosto de 2025 a cuatro años de prisión y una multa personal de 2 millones de dólares.
Gracias a este testimonio y a su declaración de culpabilidad por el cargo de conspiración, Ortiz logró evitar una condena tras las rejas. Fuentes judiciales citadas por Rolling Stone en Español señalan que admitir su participación en al menos seis conciertos vinculados a la red de Chucho Pérez, fue la clave para que la jueza optara por la libertad condicional en lugar del encarcelamiento.
El caso de Gerardo Ortiz marca un precedente histórico en la industria del regional mexicano en Estados Unidos. Es la primera vez que un artista de su nivel se ve obligado a detallar ante una corte federal cómo operan ciertos promotores en México y el alcance de la Ley Kingpin sobre las figuras públicas que residen o trabajan en territorio estadounidense.
Por ahora, el equipo del cantante se enfoca en cumplir con la reparación económica impuesta por la corte de California. Mientras tanto, la carrera de Ortiz queda marcada por este proceso, sirviendo como advertencia para otros representantes del género sobre las implicaciones legales de asociarse con figuras señaladas por el Departamento del Tesoro.
